Avanza la investigación por una “escuela fantasma” con más de 300 cargos y sobresueldos, aunque el Gobierno niegue irregularidades

La situación de la Unidad Educativa N.º 7160 de Salta quedó en el centro de una denuncia que cuestiona la existencia y el funcionamiento de una estructura de cargos vinculada con esa institución. El planteo fue realizado por la docente Celia Alancay, quien cuenta con antecedentes de detenciones y denuncias cruzadas, aunque esta vez cuenta con el patrocinio del abogado Nicolás Vedia, y juntos cuestionaron una nómina que, según sostienen, reúne a más de 300 personas vinculadas con la Unidad 7160.

La denuncia plantea interrogantes sobre la cantidad de cargos, las funciones efectivamente desempeñadas por quienes aparecen en las listas, el mecanismo utilizado para las designaciones y la existencia de presuntos adicionales o sobresueldos.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la situación de la propia institución. La presentación plantea dudas sobre su funcionamiento y su matrícula y pone en discusión cómo podría existir una estructura de cientos de cargos si la escuela no contara con una cantidad de alumnos que justificara esa organización.

Más de 300 cargos bajo análisis

Según la denunciante, la documentación que analizó contiene una extensa nómina de personas vinculadas con la Unidad Educativa 7160. A partir de esos registros surgieron preguntas sobre quiénes fueron designados, qué funciones cumplían, dónde prestaban servicios y quién autorizó cada uno de los cargos.

La denuncia también plantea que algunas de las personas que aparecen en la documentación podrían tener otros cargos dentro del sistema educativo, por lo que se busca determinar si existieron superposiciones, adicionales u otras situaciones que expliquen los montos percibidos.

Otro de los aspectos mencionados está relacionado con documentación que, según Alancay, contendría pedidos o registros de personas vinculadas con la institución.

Entre los nombres mencionados públicamente en relación con el planteo aparecen funcionarios y trabajadores del área educativa, aunque la inclusión de una persona en una denuncia o en una nómina no implica por sí misma la existencia de una responsabilidad penal.

El cuestionamiento por los presuntos sobresueldos

La presentación busca establecer si determinadas personas percibieron sumas adicionales a sus remuneraciones habituales, bajo qué conceptos y quién autorizó esos pagos, y constituye uno de los ejes más sensibles de la denuncia ya que está relacionado con los presuntos sobresueldos o adicionales.

También se planteó la necesidad de reconstruir el circuito administrativo de los cargos para determinar si quienes figuraban en las nóminas efectivamente cumplían funciones y en qué establecimientos lo hacían.

En este punto, la cuestión central pasa por determinar si las diferencias observadas en la documentación responden a movimientos administrativos habituales dentro del sistema educativo o si existieron situaciones que no cuentan con una explicación administrativa.

La explicación del Ministerio: no existen “cargos truchos”

Frente a estos cuestionamientos, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, rechazó que exista una estructura de cargos sin funciones y negó la existencia de una supuesta “escuela fantasma”.

En diálogo con los medios, la funcionaria fue categórica y expuso que "no hay ninguna escuela fantasma, no hay cargos truchos ni nada por el estilo”.

Fiore aseguró además que las personas cuestionadas se encuentran trabajando y explicó que la situación de los cargos debe entenderse dentro de los cambios que atravesó el sistema educativo provincial durante los últimos años.

Según detalló, desde 2014 la Provincia cerró alrededor de 60 establecimientos educativos. “Cuando una escuela deja de funcionar, los cargos existentes no necesariamente desaparecen, sino que pueden ser utilizados para cubrir necesidades en otras instituciones”.

El mecanismo consiste, según la explicación oficial, en relocalizar un cargo disponible cuando existe una vacante o una necesidad de personal en otro establecimiento.

De esta manera, el hecho de que un cargo haya tenido originalmente como destino una escuela que posteriormente cerró no significa, de acuerdo con la versión del Ministerio, que su titular haya quedado sin funciones.

El punto que enfrenta a la denuncia con la explicación oficial

La diferencia entre ambas posiciones está, principalmente, en cómo se interpreta la existencia de los cargos asociados a la Unidad 7160.

Mientras la denuncia cuestiona que una institución con las características que describe pueda concentrar una nómina superior a las 300 personas y plantea dudas sobre las funciones y pagos vinculados con ellas, el Ministerio sostiene que los cargos forman parte de una estructura que puede modificarse y que los trabajadores pueden ser destinados a otros establecimientos.

Por eso, una de las cuestiones centrales será establecer cuál fue el recorrido de esos cargos: dónde fueron creados, quiénes fueron designados, dónde prestaron funciones y si posteriormente fueron reasignados.

La explicación oficial también plantea que el sistema educativo atraviesa un escenario en el que no siempre se generan nuevas designaciones, por lo que la administración utiliza cargos disponibles para cubrir las necesidades que aparecen en otras escuelas.

La situación de la denunciante

Fiore también se refirió públicamente a la persona que impulsó la denuncia, dijo que la docente fue cesanteada del Ministerio de Educación después de acumular más de 150 días sin dar clases. Además, mencionó una denuncia penal que, según su versión, estaría vinculada con una presunta promoción de apuestas entre estudiantes.

La funcionaria también interpretó que la controversia podría tener un componente político y sostuvo: “Parece que los años políticos se han adelantado”.

Por un lado, la denuncia busca determinar si existieron más de 300 designaciones vinculadas con una institución sin actividad o con una estructura que no se correspondería con su matrícula, además de cuestionar presuntos sobresueldos, adicionales y el destino de recursos.

La docente Celia Alancay fue detenida y liberada en 2024 acusada de promover en sus redes sociales juegos de azar online ilegales. Luego de allanamientos en su vivienda y secuestro de elementos, fue imputada como autora del delito de explotación ilegal de juegos de azar, previsto en el artículo 301 bis del Código Penal.

En qué estado está la investigación

La investigación se encuentra actualmente en una etapa de recopilación y análisis de documentación. La denuncia, presentada el 12 de agosto en Cerrillos y posteriormente remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, motivó un pedido de información al Ministerio de Educación.

El 20 de agosto se requirió documentación para establecer si la Unidad Educativa N.º 7160 existe, si se encuentra en funcionamiento, mediante qué instrumento fue creada y cuál es su estructura actual. También se busca reconstruir cómo fueron asignados los cargos y cuál fue el destino de los recursos públicos vinculados con la institución.

Hasta el momento, las actuaciones buscan contrastar los cuestionamientos planteados en la denuncia con los registros oficiales. La documentación deberá permitir determinar el recorrido de los cargos mencionados, las funciones de las personas incluidas en las nóminas y, eventualmente, si existieron irregularidades o un perjuicio para la administración pública.

La investigación continúa abierta y no existe hasta el momento una determinación sobre la existencia de un delito ni sobre responsabilidades individuales.

La diferencia entre ambas versiones podrá establecerse a partir de la documentación oficial: los instrumentos de creación y cierre de establecimientos, las designaciones, las planillas de personal, los registros de asistencia, las liquidaciones salariales y los movimientos posteriores de cada cargo.

Fuente: Gente de Salta