a Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, presentó su Informe de Gestión 2024, en el que efectúa un balance general sobre su actividad durante el año pasado, con foco en la labor de las dependencias regionales donde funciona el proceso acusatorio. Además, el documento incluye las estrategias de persecución penal y las modalidades de trabajo con las y los fiscales, los esfuerzos en materia de cooperación regional e internacional, las actividades de capacitación desarrolladas y los objetivos para el año entrante.
Intervenciones en casos durante 2024
El informe señala que, en el período analizado, se mantuvo el volumen de intervenciones, y se destaca la labor estratégica desarrollada en la ciudad de Rosario en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). También, el documento pone foco en el litigio en los casos de corrupción asociada al tráfico de drogas y la participación en juicios de casos complejos.
Así, de las cifras relevadas por el Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, se desprende que en 2024 la PROCUNAR realizó 272 nuevas intervenciones en casos de criminalidad organizada: 126 de ellas fueron investigaciones preliminares, 53 de la cuales fueron iniciadas en las delegaciones Regionales NOA y NEA, bajo las previsiones del artículo 247 del CPPF.
El documento agrega que, durante 2024, se registraron 114 colaboraciones, 27 investigaciones autónomas y 5 causas delegadas.
Por otra parte, el 6 de mayo de 2024 comenzó a regir en la jurisdicción de Rosario el nuevo CPPF, que adopta el sistema procesal acusatorio o adversarial en la justicia federal. “El cambio de sistema ha impactado de manera positiva en el trabajo que lleva a cabo la Regional NEA, tal como sucedió en la Regional NOA tras la implementación del sistema acusatorio en las provincias de Salta y Jujuy a mediados de 2019”, señala la procuraduría especializada en su informe.
Según la PROCUNAR, “el nuevo sistema procesal permitió la investigación de casos de narcocriminalidad compleja con mayor agilidad y presteza”, lo que se tradujo “en la solicitud de medidas de prueba en audiencias orales cuya resolución se obtiene de manera inmediata”.
Así, durante 2024 se iniciaron 80 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio (IPO) e investigaciones autónomas (IPF) en las dependencias Regionales NOA y NEA, bajo los términos del CPPF.
Por otra parte, en la jurisdicción de Salta y Jujuy, desde que el 10 de junio de 2019 se implementó el sistema acusatorio, se iniciaron 359 investigaciones preliminares de oficio (IPO), 167 investigaciones autónomas y 170 colaboraciones. En este distrito, se condenaron a 210 personas -en 76 casos-, de las cuales 124 cumplen prisión efectiva en una Unidad Penitenciaria, 26 en modalidad de prisión domiciliaria y 60 con penas de ejecución condicional. También, se destaca que el 92% de los casos formalizados ya finalizaron con condena, un 6% restante está activo, en vías de desarrollarse el juicio o realizarse acuerdos plenos, y el otro 2% está finalizado, pero con sobreseimientos o suspensión de juicio a prueba. Otro dato es que el 90% de las personas condenadas (188 personas) optó por celebrar un acuerdo pleno.
Estrategias de persecución penal
En otro apartado, el reporte detalla los cuatro ejes principales sobre los que se estructuran las investigaciones: el enfoque interjurisdiccional el ascenso en las cadenas de responsabilidad la trazabilidad de precursores químicos y nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y el desarrollo de investigaciones patrimoniales y sobre corrupción pública.
Durante este período se logró avanzar en la investigación y juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones y de los actores ocultos en las redes narcocriminales, como suelen ser sus financistas y organizadores.
En cuanto al tercer eje, la procuraduría especializada destacó que las investigaciones criminales en materia de tráfico ilícito de precursores químicos se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. Asimismo, señalaron que “las drogas sintéticas en general y las NSP en particular constituyen un problema creciente a nivel global y se advierten cada vez más casos, especialmente en lo relacionado al contrabando de importación de estas sustancias”. Por cierto, en este sentido, se ha trabajado en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el fortalecimiento de la formación de operadores judiciales frente a los desafíos que presentan las drogas sintéticas.
El informe consigna que se trabaja junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para asegurar la investigación y persecución en materia de lavado de activos, alcanzando a aquellos actores que intervienen en el financiamiento y blanqueo de las redes criminales.
También, como estas organizaciones suelen operar con la complicidad de funcionarios públicos que prestan sus servicios para permitir el tráfico de drogas, se hace foco en esa línea de investigación, para identificar a estos actores y llevar adelante su juzgamiento.
Cooperación regional e internacional
La PROCUNAR orienta su actividad a potenciar el trabajo articulado y mancomunado entre todos los organismos involucrados en el abordaje de la narcocriminalidad, a través de la labor con otras agencias similares a nivel regional y/o internacional.
En tal sentido, durante el 2024, la oficina especializada participó en diversas mesas de articulación -previstas en la Ley 27.502- e intercambio de información con otros organismos judiciales y ministerios públicos provinciales, a fin de afrontar la persecución penal de los fenómenos trasfronterizos que requieren un abordaje integral.
También, en materia de cooperación regional e internacional se destaca el trabajo en el marco del Mercosur y de la Red Iberoamericana de Fiscales Antidrogas (RFAI), que funciona en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Durante 2024, se elaboró y aprobó la “Guía de Palermo” que recupera buenas prácticas relacionadas con la actuación de los “agentes encubiertos” en operaciones antidrogas con el objetivo de brindar pautas concretas a las fiscalías que comprenden la RFAI para el debido uso de la herramienta investigativa, respetando los marcos establecidos por los acuerdos internacionales suscritos por los países y lo dispuesto en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Por otra parte, dentro de las actividades promovidas en el ámbito de la RFAI se destacó el proyecto Acción Operativa 8.5 de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (EMPACT, por sus siglas en inglés), que encabeza la Fiscalía Especial Antidrogas de España y cuenta el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST), de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) y del Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe (EL PAcCTO 2.0). El objetivo de este proyecto es fortalecer la capacidad operativa para desbaratar los grupos delictivos organizados.
Análisis de información y planificación operativa
Entre las tareas desarrolladas por el Área de Análisis de Información y Planificación Operativa se destaca el informe “Desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes”, que analiza el impacto de la desfederalización en el volumen y la complejidad de las causas que tramitan en la justicia federal, a fin de dimensionar los alcances del cambio legislativo en persecución penal del sistema de administración de justicia federal, así como también examinar la evolución de ese fenómeno en las justicias locales a lo largo de los años tras la implementación de la ley.
Capacitaciones
En 2024 se continuó con la realización de capacitaciones fortalecer el desempeño de la persecución penal en materia de narcocriminalidad y su abordaje estratégico. Así, en el marco de las actividades organizadas por la PROCUNAR se capacitaron a más de 300 personas, entre operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad, mientras que en aquellas capacitaciones que fueron apoyadas por la procuraduría, se capacitaron más de 500 personas.
Cabe destacar que, muchas de estas actividades se organizaron en conjunto con otras instituciones, especialmente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También se continuó con la promoción de instancias de cooperación con otros organismos e instituciones, a fin de profundizar la participación de integrantes del MPF en diversas actividades de capacitación, como aquellas desarrolladas en el marco de la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Objetivos para el 2025
Finalmente, el informe de la procuraduría especializada enuncia las metas a alcanzar para el próximo año, entre las que se cuentan la profundización en la intervención y asistencia para la investigación y juzgamiento de las organizaciones complejas, puntualmente en la ciudad de Rosario y en aquellos distritos donde se implementará el sistema acusatorio, a fin de brindar asistencia para superar los desafíos que plantea la entrada en vigencia del CPPF.
Asimismo, está prevista la implementación de herramientas de inteligencia artificial para el cumplimiento de las funciones propias de la PROCUNAR con miras a mejorar el entrecruzamiento de información y el análisis criminal que
