Tras una denuncia radicada por la titular de la Asociación de Voley, Débora Sánchez y una entrenadora que forma parte de la comisión directiva de la institución en contra del titular de la Agencia Salta Deportes y del entrenador de Salta Vóley.

El inició una averiguación preliminar en relación a la denuncia realizada por dos mujeres miembros de la Asociación de Vóley de Salta por la posible comisión del delito de coacción.

La denuncia elevada en las últimas horas detalla la “disuasión” por parte del funcionario para que la denunciante participe en “una maniobra que involucra manejos irregulares de fondos públicos” cifrados en $90.000.000 destinados al voleibol de la provincia norteña.

La suma mencionada sería administrada por Chibán a través de inversiones en fideicomisos o fondos de inversión, y la mitad del monto se la daría a Milinkovic.
​
La presentación continuó aludiendo a una reunión, donde la denunciante habría recibido el informe por parte de Chiban y Milinkovic de la creación del proyecto Salta Vóley solo en su variante masculino, a cargo de ex atleta hoy devenido en entrenador. En dicho encuentro, los denunciados argumentaron su proyecto a la vez que apuntaron al “choreo” de $10.000.000 por parte de otra funcionaria.

Estos planes, según la mujer en cuestión, se oponían a la visión y desarrollo en las dos modalidades que ya estaban en funciones bajo el mismo nombre en la Asociación Salteña de Voley, ycreaban así un "proyecto de captación de $90.000.000 de pesos”.

En el escrito, se revela la negativa de la denunciante a participar en el “hecho delictivo”, lo que generó “manifestaciones hostiles, amenazas y coacciones”.
​
Ramos Ossorio, ante los hechos denunciados, dispuso numerosas diligencias tendientes al esclarecimiento de lo sucedido y solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, medidas de protección para las denunciantes, tales como prohibición de acercamiento de los denunciados, la prohibición de ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra, de ser mencionadas en cualquier aparición mediática que realicen los denunciados, y se fijó una consigna policial en los domicilios de ambas por el término de 30 días y en los lugares donde ambas desempeñan sus actividades.