El próximo jueves, 6 de agosto, el Senado de la Nación tratará el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional como parte de un paquete de reformas que también incluye modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Glaciares. En Salta, la iniciativa despertó un rechazo que atraviesa a organizaciones indígenas, instituciones eclesiásticas y referentes sociales, que coinciden en el diagnóstico de que la norma profundiza la concentración de tierras en pocas manos, habilita la venta ilimitada de territorio a capitales extranjeros y desprotege a las comunidades que históricamente lo habitan.

El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), organismo que autárquico que representa a los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio salteño, emitió un comunicado en el que manifiesta su “firme y absoluto rechazo” al proyecto y advirtió que la iniciativa “atenta de forma directa contra la supervivencia física, cultural y territorial” de las comunidades originarias, y sostuvo que bajo una “retórica de seguridad jurídica individual y de mercado” ignora deliberadamente la naturaleza de la propiedad comunitaria indígena.

Para el IPPIS, la implementación de mecanismos de “desalojo exprés” y la desregulación para la venta ilimitada de tierras rurales a capitales extranjeros constituyen “una amenaza de despojo masivo” que profundiza los conflictos territoriales en la provincia. El organismo, que por primera vez desde que fue creado en el año 2000 se expresó contra una iniciativa nacional, sostuvo además que el proyecto incurre en una “flagrante inconstitucionalidad” al colisionar con el bloque normativo vigente en tres niveles.

En el plano internacional, la iniciativa viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Ley Nacional 24.071, que obliga a los Estados a respetar la relación de los pueblos indígenas con su entorno y a reconocerles el derecho de propiedad y posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan. El IPPIS remarcó también que el proyecto desconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 26 establece el derecho de esos pueblos a las tierras, territorios y recursos que han poseído, ocupado o utilizado tradicionalmente.

En el ámbito nacional, indicó que la iniciativa vulnera el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de sus tierras, un régimen que —junto al artículo 18 del Código Civil y Comercial— establece que esas propiedades no son enajenables, transmisibles ni pueden sufrir gravámenes o embargos.

Y en el ámbito provincial, el organismo citó el artículo 15 de la Constitución de Salta, que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas a su identidad y a la propiedad de sus tierras comunales. "Salta cuenta con una rica pluralidad cultural que este proyecto pretende avasallar al unificar de manera forzosa todo régimen de tierras bajo la lógica del derecho privado individual y extractivista“, denunció el IPPIS.

El organismo exigió a los senadores nacionales por la provincia “defender el mandato constitucional y rechazar de plano” la iniciativa libertaria. “No permitiremos que la seguridad jurídica de los negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el destierro y el olvido de los primeros habitantes de este suelo. ¡El territorio no se vende, se defiende!”, cerró.

“Vienen a profundizar conflictos históricos del territorio”

Tujuayliya Gea Zamora es médica wichí, hija de la histórica mujer wichí Octorina Zamora, y referente de la organización de base Na’ Nechepa—que en castellano significa “nos levantamos”. En diálogo con este diario, situó el rechazo a la ley en la continuidad de una disputa territorial que para las comunidades del norte salteño no es nueva.

“Venimos con un montón de reflexiones y acción en relación” a la ley de extranjerización de tierra, dijo y advirtió que las comunidades defienden la tierra cuando se protege “a quienes la habitan, y sobre todo a las poblaciones más vulnerabilizadas”.

Gea Zamora conectó el debate legislativo con un proceso que viene de antes: “La primera de las leyes derogadas por este gobierno fue la 26.160 (de emergencia territorial indígena), y después la provincia obedientemente dejó caer la ley de tierras”, al no renovar la prórroga de la ley 7658, que suspendía desalojos de familias rurales y pequeños productores mientras avanzaban los procesos de regularización dominial.

“Ya venía todo esto en un plan perfectamente pensado y orquestado para también desempoderar a las comunidades indígenas, que con mucha lucha habían logrado estos logros jurídicos que nos mantenían con cierta seguridad territorial”, sostuvo Zamora.

También cuestionó las declaraciones de legisladores provinciales sobre las supuestas ventajas de la apertura a la inversión extranjera. “(El diputado provincial Nicolás) Arce nos hablaba como si fuéramos tontitos, como diciendo que nadie va a vender a un extranjero. Y repasó la historia reciente del Chaco salteño, con inversiones como las empresas Desdelsur y Tecpetrol “y eso no ha garantizado ningún beneficio ni desarrollo para los pueblos, no solo indígenas, sino también para los criollos de nuestro departamento”.

Para Zamora, la ley de extranjerización “viene a profundizar también conflictos históricos del territorio, viene a imponer un futuro bastante oscuro y difícil, que es la total desarticulación del territorio”. Y proyectó lo que está en juego en términos concretos: “Qué difícil es pensar que vamos a tener que estar evitando entrar a nuestros propios territorios ancestrales porque van a estar alambrados, o que nos vamos a tener que someter a condiciones de servidumbre y esclavitud que se suponía que estaban abolidas en nuestro territorio, cuando estos territorios sean entregados a los extranjeros".

La médica cerró su testimonio con una apelación a la memoria histórica: “Siento que el no juntarnos, el no reclamarle a nuestros legisladores que no voten esta ley, es de alguna manera no seguir adelante con el legado que nos dejó el general Martín Miguel de Güemes cuando, con los infernales, que eran indígenas y criollos empobrecidos y trabajadores, defendieron la frontera norte de la patria. Siento que estamos siendo llamados en este momento a tomar esta lucha, cual epopeya güemesiana, tomando las calles, reclamando a nuestros legisladores que cumplan con el mandato del pueblo, que es el de proteger la patria".

Un don, no mercancía

El rechazo también llegó desde la Iglesia. La Pastoral Social y Ecológica junto al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) de la Diócesis de Orán difundieron un comunicado bajo el título “La tierra es un don de Dios, no es una mercancía”, en el que expresan su “firme rechazo” al proyecto que declara la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada.

La Diócesis apeló al mensaje evangélico para cuestionar “toda estructura que prioriza el capital sobre la vida humana”, y recordó el mandato bíblico según el cual la tierra “no podrá venderse definitivamente” porque pertenece a un orden que trasciende la propiedad individual“. Citó también la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, que sostiene que la tierra y sus frutos “han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión”, y remarcó que ese principio del “destino universal de los bienes” obliga a reconocer que la propiedad privada tiene una función social subordinada al bien común.

Asimismo, advirtió que el proyecto “facilita la concentración de tierras en pocas manos y desprotege profundamente a las comunidades indígenas y campesinas que habitan históricamente el norte de Salta”. Invocó también la encíclica Laudato si, que describe la tierra como “herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos“, y citó el artículo 75 de la Constitución Nacional para sostener que “declarar una inviolabilidad absoluta individual vulnera este orden superior”.

Lo que muestran los datos

El Observatorio de Tierras—vinculado al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)— publicó en marzo su Tercer Informe “Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina”, que actualizó el mapa interactivo construido a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y lo cruza con datos de glaciares, comunidades indígenas relevadas y proyectos mineros.

El informe advirtió que, mientras a nivel nacional cerca del 5% de la superficie rural argentina está en manos extranjeras, ese porcentaje se dispara en zonas donde se concentran recursos estratégicos. Salta aparece entre las provincias con mayor incidencia: según el listado de departamentos que exceden el límite fijado por la Ley de Tierras (25.737), San Carlos encabeza el ranking provincial con e l60% de su superficie rural extranjerizada, seguido por Molinos con el 58%, Guachipas con el 34%, General Güemes con el 29%, La Viña con el 28%, Cerrillos con el 25%, Orán y Cafayate, ambos con el 23%, y Chicoana con el16%.

El informe se detiene particularmente en San Carlos, donde ubica una zona con glaciares de escombros —clave para la regulación de las cuencas hídricas de los valles intermontanos—, cuatro proyectos mineros previstos y dos comunidades indígenas con el relevamiento territorial culminado, además de otras cuatro cuyos trámites quedaron truncos al momento en que el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160, que establecía ese relevamiento. Esos glaciares limitan con el departamento Cafayate, que —según el informe— presenta cerca del 23% de su superficie extranjerizada.

Para el Observatorio, la extranjerización de la tierra “no puede pensarse únicamente como un fenómeno económico o inmobiliario”, sino como parte de procesos más amplios de apropiación de recursos estratégicos, potenciados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley 27.742 en 2024, que habilita que buena parte de la renta generada por los grandes proyectos extractivos no quede en el país. El documento concluyó que en los territorios analizados converge un mismo patrón: donde se concentran bienes comunes críticos como el agua avanzan de manera simultánea los proyectos extractivos, los capitales transnacionales y la concentración de la tierra, en desmedro de las comunidades indígenas y campesinas preexistentes.

Lo que se discute en el Senado

Es la quinta vez que se intentará tratar la iniciativa en el Senado. La senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés viene cuestionandoel proyecto oficial por la falta de debate. “A ese proyecto le faltó tratamiento, le faltó debate y le faltó análisis”, dijo en referencia al dictamen alternativo presentado por su bloque, Convicción Federal —que no fue firmado por la senadora por Salta, Flavia Royón— y que mantiene la protección de la propiedad privada pero incorpora resguardos para la soberanía territorial, el ambiente y los derechos procesales.

La diferencia más profunda entre ambos proyectos aparece, según Moisés, en la reforma de la Ley de Tierras Rurales. Mientras el Gobierno impulsa una amplia liberalización para la compra de tierras por parte de extranjeros, el dictamen de Convicción Federal mantiene límites y fortalece la protección sobre zonas consideradas estratégicas.

“No podemos irnos al extremo de liberar absolutamente todo y que cualquier extranjero pueda venir a comprar nuestras tierras. De ninguna manera puede ser esa la solución", explicó la senadora, cuya propuesta incorpora la figura de las Zonas de Interés Estratégico Nacional —áreas de frontera, nacientes de ríos, acuíferos, glaciares, reservas naturales y regiones de alto valor productivo—, entendidas como “recursos que son estratégicos para el desarrollo de la Argentina y que no pueden quedar librados exclusivamente a la lógica del mercado”.

Moisés también cuestionó la equiparación entre usurpaciones y conflictos derivados de contratos de alquiler que propone el proyecto oficial.

En ese escenario, los tres senadores nacionales por Salta llegarían a la sesión del 6 de agosto dispuestos a acompañar el proyecto oficial. Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, de La Libertad Avanza, votarían a favor. A ellos se sumaría Flavia Royón, de Primero los Salteños, espacio que responde al gobernador Gustavo Sáenz.

El eventual respaldo unánime de la representación salteña en la Cámara Alta contrasta con el rechazo del IPPIS, la Diócesis de Orán y los datos del Observatorio de Tierras sobre el nivel de extranjerización.

A días de la sesión en el Senado, con movilizaciones convocadas para las 17 en la plaza central 9 de Julio, todas las voces coinciden en que lo que se vota no es solo una reforma de la propiedad privada, sino una definición sobre quién controla el territorio salteño y bajo qué reglas.

Fuente: Maira López para Página/12

En Salta, el 11.27% del territorio provincial total tiene propietarios extranjeros. Se trata de propiedades rurales. Esto es por encima del promedio nacional que es de un 15%. En tanto, nueve departamentos exceden el límite del 15% fijado por ley. Dos de ellos, San Carlos y Molinos, incluso ya tienen más de la mitad de sus tierras rurales vendidas a propietarios extranjeros y son parte de 36 localidades del país marcadas en rojo porque tienen más de la mitad vendida a extranjeros. Mientras que otros departamentos muestran que ya están cerca de llegar al límite legal que manda la Ley 26.737 (Ley de Tierras Rurales).

Según esta ley, ningún territorio (nación, provincia o departamento) debería superar el 15% de su superficie rural en manos extranjeras.

Los datos relevados y analizados por Ciudadana surgen de del Mapa de Tierras elaborado por investigadores del Observatorio de Tierras y el programa de Investigaciones sobre Historia Agraria.

Nueve departamentos superan el 15%: San Carlos (59,82%), Molinos (57,79%), Guachipas (33,84%), Güemes (28,82%), La Viña (28,22%), Cerrillos (24,63%), Orán (23,28%), Cafayate (23,11%) y Chicoana (16,04%).

Caso límite: Anta está en 14,3%, apenas por debajo.

Diez departamentos están por debajo del 15%, con Rosario de Lerma como el más bajo con (0,09%).

Sin tierras rurales en manos de extranjeros cuatro departamentos: Iruya, La Poma, Los Andes y Santa Victoria.

El detalle es el siguiente:

1. ANTA tierra rural con propietarios extranjeros: 14.3% 307.715 ha. /proyectos mineros:2 (previstos)/comunidades originarias 10

2. CACHI tierra rural con propietarios extranjeros: 10.68% 31.186 ha. / Proyectos mineros 1 previsto/0.20% área glaciar 590 ha. /comunidades originarias 8

3. CAFAYATE tierra rural con propietarios extranjeros: 23.11% 35.759 ha. / proyectos mineros 1 previsto/0.02% de área glaciar 37 ha. /comunidades originarias: 2

4. CAPITAL tierra rural con propietarios extranjeros: 4.09% 5.993 ha. / proyectos mineros 2 (1 previsto y otro en actividad) /comunidades originarias 3/

5. CERRILLOS tierra rural con propietarios extranjeros: 24.63% 15.486 ha. / Proyectos mineros 6 en actividad

6. CHICOANA tierra rural con propietarios extranjeros:16.04% 14.457 ha. / proyecto minero 1 en actividad / 2 comunidades originarias

7. GUEMES tierra rural con propietarios extranjeros: 28.82% 67.685 ha. /proyectos mineros 3 previstos/

8. SAN MARTIN tierra rural con propietarios extranjeros: 12.41% 200.941 ha. / 242 comunidades originarias

9. GUACHIPAS tierra rural con propietarios extranjeros:33.84% 94.206 ha. / proyectos mineros 2 previstos

10. IRUYA tierra rural con propietarios extranjeros: 0 / Area glaciar: 0.07% 233 ha. /comunidades originarias 25

11. LA CALDERA tierra rural con propietarios extranjeros: 8.81% 7.544 ha. / área glaciar 0.08% 65 ha. / pueblos originarios 1

12. LA CANDELARIA tierra rural con propietarios extranjeros: 11.07% 16.869 ha. /

13. LA POMA tierra rural con propietarios extranjeros: 0/ 0.12% área glaciar 549 ha. / proyectos mineros 27 (1 en actividad) / 10 comunidades originarias

14. LA VIÑA 28.22% 60.663 ha. /

15. LOS ANDES tierra rural con propietarios extranjeros: 0.01% área glaciar 153 ha. / proyectos mineros 78 (12 en actividad 66 previstos) / comunidades originarias 10

16. METAN tierra rural con propietarios extranjeros: 1.98% 10.319 ha. / proyecto minero 1 previsto/comunidades originarias 2/

17. MOLINOS tierra rural con propietarios extranjeros: 57.79% 207.986 ha. / 0.02% área glaciar 61 ha. / proyectos mineros 3 previstos/ comunidades originarias 14

18. ORÁN tierra rural con propietarios extranjeros: 23.28% 276.044 ha. / área glaciar 36 ha. / comunidades originarias 53

19. RIVADAVIA tierra rural con propietarios extranjeros: 1.82% 47.317 ha. / comunidades originarias 69

20. ROSARIO DE LA FRONTERA tierra rural con propietarios extranjeros: 8.43% 45.438 ha. /

21. ROSARIO DE LERMA tierra rural con propietarios extranjeros:0.09% 443 ha. / área glaciar 0.15% 763 ha. / proyectos mineros 18 (previstos) / comunidades originarias 17

22. SAN CARLOS tierra rural con propietarios extranjeros: 59.82% 306.454 ha. /área glaciar 0.02% 102 ha. / proyectos mineros 4 (previstos)/comunidades originarias 6

23. SANTA VICTORIA tierra rural con propietarios extranjeros: 0/área glaciar: 0.15% 592 ha. / proyectos mineros 13 (previstos)/comunidades originarias 40.

Fuente: Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria en base al Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), Glaciares y ambientes periglaciares (Fuente: Inventario Nacional de Glaciares – IANIGLA), Comunidades indígenas relevadas (Fuente: Re.Na.Ci, Registro Nacional de Tierras Indígenas, relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 que fue derogada por este gobierno). Proyectos mineros, tanto en actividad como en proyección (Fuente: Cartera de Proyectos Mineros – SIACAM)

Entre los artículos más destacados de la ley de Tierras Rurales 26.737 y que se modificarían de aprobarse la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, están:

ARTICULO 8º — Se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural.

ARTICULO 9º — En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales.

ARTICULO 10. — Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial.

Por notas: Silvia Noviasky 3876838952

Fuente ciudadanacomunicacion.com

La Fiscalía sostiene que durante un allanamiento en San Lorenzo se habría documentado un hallazgo irregular que luego fue incorporado al expediente por el doble homicidio de las ciudadanas francesas.

El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, requirió la apertura a juicio contra dos ex integrantes de la Brigada de Investigaciones N.º 1, acusados de haber consignado datos falsos en actas oficiales durante un allanamiento realizado en agosto de 2011, procedimiento en el que apareció un arma que luego fue incorporada a la investigación por el doble homicidio de las turistas francesas ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo.

Los imputados son Walter Omar Mamani, acusado como presunto autor de dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público, y Juan de Dios Solano, señalado como coautor del mismo delito por validar documentación vinculada al procedimiento.

La investigación tomó impulso a partir de un informe presentado en 2011 por el entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo, quien advirtió una situación que consideró irregular: los proyectiles hallados durante el allanamiento habían aparecido en un sector que, según indicó, ya había sido revisado de manera exhaustiva, incluso con detector de metales. El procedimiento había sido realizado el 4 de agosto de 2011 en una vivienda de San Lorenzo, en el marco de una investigación por el robo de elementos de una finca.

Según la acusación fiscal, durante el operativo no se encontraron los objetos buscados, pero se dejó asentado el hallazgo de un revólver calibre.

22 enterrado en el jardín, junto a vainas percutadas y cartuchos sin percutar.

Esa arma, luego fue incorporada a la causa por el homicidio de las ciudadanas francesas, situación que derivó en que el propietario de la vivienda, Raúl Alfredo Sarmiento, fuera vinculado al expediente.

La nueva investigación se originó tras las declaraciones de Sarmiento, quien negó que el arma le perteneciera y aseguró que fue colocada durante el procedimiento.

Según su relato, observó a un efectivo cavar un pequeño pozo cerca de una higuera y a otro colocar allí un arma envuelta en un trapo.

Durante la causa por el doble homicidio, el hombre sostuvo que el revólver que le exhibieron era el mismo que había sido secuestrado en su domicilio y cuestionó que no presentara rastros de tierra pese a que supuestamente había estado enterrado.

La Fiscalía también incorporó testimonios de civiles que presenciaron el allanamiento.

Si bien ninguno observó directamente el momento del supuesto hallazgo, señalaron que vieron el arma envuelta en un trapo y que les llamó la atención que se encontrara limpia. Para el fiscal Paz, Mamani tuvo una participación central al impulsar el allanamiento, dirigir el procedimiento y firmar las actas donde se habría consignado información falsa sobre el secuestro del arma.

En tanto, Solano fue acusado por haber supervisado el operativo y validado con su firma la documentación cuestionada. Con el análisis de testimonios, informes policiales, fotografías, croquis del lugar y pericias balísticas, la Fiscalía consideró reunidos los elementos suficientes para llevar a ambos exintegrantes policiales a juicio.

servicio de agua potable y desagües cloacales volverá a aumentar en Salta a partir de agosto. El Ente Regulador autorizó una actualización del 4,4445% para todas las categorías de usuarios residenciales y no residenciales de Aguas del Norte, con lo que la tarifa acumulará un incremento efectivo cercano al 40,68% desde enero.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1219/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir con la facturación correspondiente al mes de agosto.

Cómo se compone el nuevo aumento:

El incremento autorizado surge de la combinación de dos componentes: Un 1,9%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Un 2,5445%, establecido por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el período 2026-2028.

Este mecanismo de actualización mensual fue definido por el Ente Regulador tras una audiencia pública y contempla tanto la evolución de la inflación como una recomposición tarifaria fija.

Siete aumentos consecutivos
Con la suba de agosto, el servicio de agua habrá registrado incrementos todos los meses entre febrero y agosto.

Las actualizaciones fueron las siguientes:

Febrero: 3,9245%
Marzo: 5,45%
Abril: 5,44%
Mayo: 5,94%
Junio: 5,1445%
Julio: 4,6445%
Agosto: 4,4445%

Si bien la suma simple de estos porcentajes alcanza el 34,99%, el incremento real acumulado es mayor debido a que cada ajuste se aplica sobre una tarifa ya actualizada. Por ese motivo, la suba efectiva llega aproximadamente al 40,68% respecto del valor vigente en enero.

Por qué se autorizó el incremento

Según explicó el Ente Regulador, la metodología vigente establece que las tarifas se actualicen mensualmente teniendo en cuenta la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el componente fijo previsto en la Revisión Tarifaria Integral.

Para la actualización de agosto se utilizó el IPC de junio, que fue del 1,9%, al que se sumó el porcentaje fijo de recomposición.

Además, la Gerencia Económica del organismo justificó la medida al señalar que alrededor del 85% de los costos operativos de Aguas del Norte corresponden a salarios, cargas sociales y consumo de energía eléctrica.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, solicitó una medida cautelar de prohibición de innovar sobre un inmueble afectado por dos incendios de gran magnitud ocurridos este año, con el objetivo de preservar el estado del predio y garantizar la aplicación de la legislación ambiental mientras avanza la investigación penal.

El Juzgado de Garantías de Cafayate hizo lugar al planteo y dispuso la prohibición de innovar respecto del inmueble identificado con la Matrícula Catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., ordenando además su anotación registral. Asimismo, prohibió toda subdivisión, fraccionamiento, loteo, urbanización, parcelamiento, cambio de destino o uso del suelo, transferencia destinada a esos fines, constitución de nuevos derechos reales, autorizaciones administrativas y cualquier otra modificación material o jurídica que altere el estado actual del predio. La resolución advierte que el incumplimiento de la medida podrá configurar el delito de desobediencia judicial.

La solicitud fue presentada en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Penal de Cafayate por los incendios registrados los días 13 de mayo y 7 de junio de 2026 en un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque. Ambos focos ígneos afectaron el inmueble de Finca El Monte S.A. y demandaron la intervención de Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación.

La investigación permitió reunir distintos elementos de convicción —entre ellos denuncias, testimonios, informes policiales, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles e individualización del vehículo utilizado habitualmente por el sospechoso— que derivaron en la imputación de un hombre de 32 años como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, en concurso real.

Al fundamentar la medida cautelar, la fiscal Rojas sostuvo que existía riesgo de que, durante el desarrollo de la investigación, se realizaran actos materiales o jurídicos que modificaran el estado del inmueble y comprometieran la aplicación del régimen de protección ambiental previsto para superficies afectadas por incendios. La jueza María Virginia Toranzos compartió esos argumentos, consideró acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y entendió que la prohibición de innovar constituye una medida idónea, razonable y necesaria para preservar el ambiente y evitar situaciones de difícil reversión mientras se resuelve el fondo de la causa.

El deterioro de los ingresos y la creciente utilización del crédito para afrontar gastos cotidianos profundizaron la crisis financiera de las familias.

En Salta, el 32,8% de las personas que mantienen deudas con bancos, billeteras virtuales u otros proveedores no financieros se encuentra en situación de mora.

Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con información del Banco Central correspondiente a mayo de 2026.

El estudio considera irregulares los créditos con atrasos superiores a los 90 días.

En la provincia, la mora representa el 17,1% del dinero total prestado a las familias. Sin embargo, la situación cambia de acuerdo con el tipo de entidad: el indicador alcanza el 11,8% entre los bancos y trepa al 30,8% en las billeteras virtuales.

La diferencia también se refleja en la cantidad de personas afectadas.

El 17,2% de los salteños que operan con bancos registra incumplimientos, mientras que la proporción asciende al 37,7% entre quienes recurrieron a billeteras y proveedores no financieros.

Salta, por encima del promedio de varias provincias

El mapa elaborado por CEPA muestra que las mayores tasas de morosidad se concentran en Cuyo y el NOA.

La Rioja encabeza el listado con un 22,8%, seguida por San Luis, con 20,1%; Catamarca, con 20%, y San Juan y Santa Cruz, ambas con 19,8%.

Salta, con un 17,1%, se ubica por encima de jurisdicciones como Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

Además, su proporción de deudores morosos, del 32,8%, supera ampliamente a la registrada en buena parte del centro del país.

Solo CABA, Neuquén y Santa Fe tienen menos del 25% de sus deudores en situación irregular.

La mora creció durante 19 meses consecutivos

A nivel nacional, la morosidad del sector privado con los bancos pasó del 1,5% en octubre de 2024 al 7,6% en mayo de 2026, después de 19 meses consecutivos de aumentos.

El deterioro fue especialmente fuerte entre las familias, cuyo índice de irregularidad bancaria subió del 2,5% al 12,3%.

Entre las empresas, en cambio, pasó del 0,7% al 3%. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito explican el 73% del saldo irregular de los hogares. En abril, la mora alcanzó el 14,9% en préstamos personales y el 12,5% en tarjetas. Al sumar bancos y billeteras virtuales, la morosidad total de las familias se ubicó en torno al 15,5%, mientras que los incumplimientos con plataformas digitales llegaron al 29,6%, por encima del récord registrado durante la pandemia.

Casi seis millones de personas no pueden pagar

En mayo había 20,9 millones de personas endeudadas en el país.

De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora. Las billeteras virtuales concentraron la mayor cantidad de incumplimientos, con 3,4 millones de personas.

Otros 1,3 millones tenían deudas irregulares únicamente con bancos y 1,1 millones registraban atrasos en ambos sistemas.

En comparación con febrero de 2024, la cantidad de morosos creció un 76%, mientras que el universo total de deudores aumentó apenas un 8,1%.

Esto indica que la crisis se explica principalmente por la pérdida de capacidad de pago de personas que ya estaban endeudadas.

Los jóvenes, los más afectados

La morosidad alcanza niveles particularmente elevados entre los menores de 35 años.

El 38,4% de los deudores de entre 18 y 34 años registra incumplimientos.

En el grupo de hasta 24 años, el indicador llega al 40,9%, es decir, prácticamente cuatro de cada diez créditos están en mora.

Además, cerca del 80% de los jóvenes endeudados utiliza billeteras virtuales. La distribución por género es prácticamente equilibrada: el 50,2% de los morosos son varones y el 49,8% mujeres.

Los hombres tienen mayor presencia en las deudas bancarias y las mujeres en las plataformas digitales.

También crece la presión sobre las empresas

Aunque la mora empresarial permanece por debajo de la registrada entre los hogares, también muestra una tendencia ascendente.

La construcción presenta el nivel más alto de incumplimiento, con un 7% al considerar todo el sistema financiero. Le siguen alojamiento y gastronomía, con 6,9%; actividades administrativas, con 5,5%, y comercio mayorista y minorista, con 5,1%.

Más de $3 billones en créditos irrecuperables

Otro dato que genera preocupación es el volumen de préstamos que ya se encuentra en las categorías crediticias más comprometidas.

En mayo, los créditos familiares clasificados en situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia, acumularon $6,66 billones.

De ese total, $4,9 billones pertenecían al sistema bancario y $1,75 billones a billeteras virtuales.

A su vez, los financiamientos considerados irrecuperables alcanzaron los $3,45 billones. En esta categoría, las billeteras virtuales concentraron el 66,5% del dinero adeudado, mientras que los bancos explicaron el 33,5% restante.

También existen $4,14 billones en situación 2, una categoría que todavía no se contabiliza formalmente como mora, pero que incluye préstamos bajo seguimiento especial.

Cerca del 80% de ese monto corresponde a los bancos, por lo que CEPA advierte que podría producirse una nueva escalada del indicador si los deudores no logran normalizar los pagos.

El comportamiento registrado entre abril y mayo refuerza esa advertencia. Mientras los bancos redujeron su cartera de clientes y dejaron de otorgar financiamiento a una parte de las familias, las billeteras virtuales aumentaron tanto el dinero prestado como la cantidad de usuarios en todas las categorías de riesgo.

Solo en la situación 5, considerada irrecuperable, las plataformas digitales sumaron 387.468 deudores en un mes. En la categoría 4, el monto irregular aumentó en $297.256 millones, lo que refleja que numerosos usuarios avanzaron hacia niveles más graves de incumplimiento.

Fuerte concentración de la deuda morosa

El informe también señala una alta concentración de los préstamos irregulares. Seis bancos reúnen el 75,9% de la mora bancaria, equivalente a $6,9 billones. Banco Galicia encabeza el listado con el 17,8%, seguido por Banco Nación, con el 16,1%; Santander, con el 15,3%; Banco Provincia de Buenos Aires, con el 12%; BBVA, con el 8,8%, y Banco Macro, con el 5,8%.

En el segmento de billeteras y proveedores no bancarios, cinco firmas explican la mitad de los créditos irregulares, por unos $2,4 billones. Tarjeta Naranja y Naranja Digital concentran juntas el 28,4%.

Sin embargo, algunas compañías más pequeñas presentan índices de incumplimiento superiores al 50%, especialmente las vinculadas con préstamos digitales y la financiación de electrodomésticos.

Pérdida de ingresos

El incremento de la mora también impacta en el circuito económico general, porque limita la posibilidad de acceder a nuevos préstamos y reduce el consumo de los hogares.

Quienes acumulan atrasos quedan excluidos de las líneas bancarias tradicionales y, en muchos casos, recurren a proveedores digitales con intereses más elevados para cancelar obligaciones anteriores.

Así, la deuda puede transformarse en un proceso de refinanciación permanente: las familias toman nuevos créditos para pagar cuotas, tarjetas o préstamos ya existentes.

CEPA atribuye el incremento de la morosidad principalmente a la pérdida de poder adquisitivo, las altas tasas de interés y el creciente uso de créditos digitales para refinanciar obligaciones anteriores. Mientras los ingresos no recuperen capacidad de pago, la restricción podría excluir a más familias del sistema.

La difícil situación económica que atraviesan numerosas familias de Orán tiene un reflejo concreto en el servicio eléctrico. Según informó el referente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Manzur, en declaraciones a Metro Noticias, la empresa Edesa retiró en las últimas semanas alrededor de 800 medidores en la ciudad como consecuencia de reiterados incumplimientos en el pago de las facturas, una instancia que va más allá del corte del suministro y evidencia el agravamiento de la situación de muchos hogares.

El dato surge en un contexto marcado por el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos, uno de los rubros que más aumentó en las últimas mediciones del INDEC que se conoció este martes. Para muchas familias, afrontar el costo de la electricidad se volvió prácticamente imposible, derivando en cortes del suministro y una mayor vulnerabilidad social.

En medio de este escenario, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la puesta en marcha de un programa de asistencia económica destinado a aliviar el impacto de las tarifas de energía eléctrica y agua potable para los sectores más vulnerables de la provincia. La iniciativa, financiada con fondos provinciales, permitirá que las familias con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y que sean titulares de los servicios, puedan acceder a subsidios de entre el 60% y el 100% de la factura, con un tope de consumo. El beneficio tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse tras una nueva evaluación.

Desde el Ente Regulador señalaron que las personas que atraviesan dificultades para pagar sus facturas deben acercarse a las oficinas del organismo para analizar cada caso en particular. Allí pueden acceder a programas de tarifa social y otros mecanismos de asistencia destinados a reducir el impacto de las deudas, aunque reconocieron que estas herramientas no siempre alcanzan para cubrir la totalidad de los montos adeudados.
Manzur también advirtió que la problemática del servicio eléctrico no se limita a la falta de pago. Explicó que en distintos sectores de la provincia persiste un déficit de obras de ampliación de la red eléctrica, situación que lleva a algunos vecinos a realizar conexiones irregulares al alumbrado público. Esa energía consumida termina siendo afrontada por el conjunto de los usuarios, ya que el costo se traslada a las facturas del servicio.

Con unas 800 familias que ya perdieron el suministro eléctrico por razones económicas, Orán exhibe uno de los rostros más duros de la crisis, en un escenario donde cada vez más hogares encuentran dificultades para afrontar el costo de los servicios esenciales.

Fuente: Norte Ya

El Gobierno de la Provincia reabrió la mesa paritaria correspondiente al segundo semestre de 2026 con los representantes de los gremios estatales, en un encuentro en el que se analizó el contexto económico actual y se ratificó el compromiso de garantizar la continuidad de los servicios públicos y preservar las fuentes de trabajo.

Durante la reunión, funcionarios del Poder Ejecutivo brindaron un panorama general de la situación económica y señalaron que la política pública provincial se diseña en función de la realidad que atraviesa la sociedad. En ese sentido, remarcaron que la fuerte caída de la actividad económica y la disminución de los recursos provenientes de la Nación impactan directamente en las finanzas provinciales.

Paritarias

Asimismo, explicaron que el escenario actual responde a un modelo económico de carácter ortodoxo, con predominio del mercado sobre la intervención del Estado, lo que se refleja en una marcada retracción de la actividad y del consumo. Indicaron además que la caída de la recaudación afecta las cuentas públicas y mencionaron, entre otros indicadores nacionales, el cierre de miles de empresas, el incremento del desempleo y los niveles de pobreza.

Los funcionarios señalaron que las proyecciones indican que este contexto no registrará mejoras durante el segundo semestre del año. No obstante, reafirmaron la decisión del Gobierno provincial de cuidar el servicio público y a los trabajadores estatales, organizando el presupuesto para sostener el empleo, sin despidos y acompañando la actividad económica mediante distintas medidas.

En ese marco, destacaron la continuidad de la obra pública, la implementación de medidas de alivio fiscal y la reducción de impuestos como herramientas para sostener la economía provincial frente a la crisis.

Durante la jornada, cada uno de los referentes gremiales expuso los requerimientos y planteos de los sectores que representan, dando continuidad al diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

Se realizará una nueva reunión el lunes 27 con la modalidad de mesas sectoriales y el miércoles 29 se retomará la mesa paritaria.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés; secretarios de Estado, y referentes de los gremios ADP; AMET, Sadop; UDA; ATE; UPCN, Sindicato de Trabajadore Viales; APSADES; UPES; ATSA; entre otros.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta y la Dirección General de Drogas Peligrosas, desarticuló una organización dedicada al narcotráfico tras una investigación de varios meses, desarrollada en un trabajo articulado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La causa fue dirigida por la Unidad Fiscal Federal y se enmarca en las acciones impulsadas por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien desde el inicio de su gestión destacó el compromiso de dar batalla al narcotráfico y fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales.

Operativo

La investigación tuvo su primera intervención sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, donde efectivos de la Policía de Salta interceptaron una camioneta que transportaba más de 100 paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo. En el mismo procedimiento también fue interceptado otro vehículo vinculado a la investigación, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales que derivaron en diez allanamientos simultáneos en Salta Capital y Cerrillos.

Como resultado de la investigación se secuestraron más de 190 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de un millón y medio de dosis, además de alrededor de 10 millones de pesos, dólares estadounidenses, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Siete personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, y acompañado por el jefe y subjefe de Policía, Walter Osvaldo Toledo y Guido Enrique Burgos y el director General de Drogas Peligrosas Juan Contreras.

El procedimiento reafirma el compromiso del Gobierno provincial, a traves del Ministerio de Seguridad a cargo de Nicolás Avellaneda, en la lucha contra el narcotráfico, a través del trabajo permanente de la Policía de Salta y sus unidades especializadas.

Hay noticias que, más allá del anuncio, reflejan una realidad preocupante. Que el Gobierno de Salta tenga que adelantar 570 millones de pesos para reactivar una obra nacional sobre la Ruta 9/34 no debería naturalizarse. Tampoco debería celebrarse como un logro. Es, en todo caso, la evidencia de que algo no está funcionando donde debería.

La Ruta Nacional 9/34 no es una calle cualquiera. Es uno de los corredores más importantes del norte argentino. Por allí circulan ambulancias, camiones con producción, colectivos, trabajadores y familias. Cada día que una obra se paraliza, el deterioro del pavimento aumenta y también lo hace el riesgo de accidentes.

La Provincia decidió intervenir porque la urgencia no admite más espera. Es una decisión entendible: si la Nación no paga y la empresa detiene los trabajos, alguien debe actuar para que la ruta no siga convirtiéndose en un peligro. Sin embargo, esa respuesta inmediata no puede ocultar la pregunta de fondo: ¿por qué una provincia debe hacerse cargo de obligaciones que corresponden al Estado nacional?

Más aún cuando el propio Gobierno salteño reconoce que después intentará recuperar ese dinero. Es decir, utiliza recursos propios para cubrir un incumplimiento ajeno, confiando en que esos fondos regresarán más adelante.

En tiempos de restricciones económicas, cada peso del presupuesto provincial tiene múltiples destinos posibles: hospitales, escuelas, seguridad, viviendas o asistencia social. Si una parte de esos recursos debe destinarse a cubrir atrasos de Nación, inevitablemente se reduce el margen para atender otras necesidades.

También es justo señalar que la Provincia optó por priorizar una solución antes que un conflicto institucional. En lugar de esperar indefinidamente, eligió destrabar una obra que afecta a miles de salteños. Esa decisión puede ser valorada desde el punto de vista práctico, aunque al mismo tiempo expone las dificultades de coordinación entre ambos niveles del Estado.

La Ruta 9/34 necesita mucho más que un parche financiero. Necesita continuidad, planificación y, sobre todo, responsabilidades claras. Porque las rutas nacionales no pueden depender de la buena voluntad o del esfuerzo extraordinario de las provincias para mantenerse en condiciones.

Los vecinos del sur de Salta no discuten quién paga la obra. Lo que esperan es una ruta segura, sin baches, con máquinas trabajando y con la certeza de que las promesas no volverán a quedar detenidas al costado del camino.

Fuente: Expresión del Sur