La sesión de la Cámara de Diputados de Salta estuvo marcada por un fuerte cruce político y reglamentario en torno a los proyectos de financiamiento que impulsa el oficialismo. En el centro de la discusión apareció una autorización por USD 150 millones, destinada a atender vencimientos de deuda, mientras que otro de los proyectos contempla financiamiento para obras.
El momento de mayor tensión se produjo cuando el diputado de La Libertad Avanza por Metán, Sergio López, cuestionó que las iniciativas fueran tratadas sobre tablas y sostuvo que el procedimiento utilizado no se ajustaba a lo establecido por el reglamento de la Cámara.
López citó el artículo 118 y argumentó que los proyectos que implican gastos no pueden ser tratados sin despacho de comisión, salvo que se alcance la mayoría especial prevista por la normativa.
El planteo provocó la reacción del presidente de la Cámara, Esteban Amat, quien defendió el procedimiento y le recordó al legislador que el cuerpo había votado previamente constituirse en comisión.
“Usted no le puede decir a ningún diputado qué es lo que tiene que hacer”, le respondió Amat durante el intercambio.
La discusión subió de tono cuando el presidente de la Cámara cuestionó la interpretación reglamentaria de López y le señaló:
“Usted es abogado, tendría que estudiar un poquito mejor antes”.
El legislador libertario insistió, sin embargo, con sus reparos y sostuvo que el tratamiento de los proyectos debía respetar los pasos previstos en el reglamento.
Virgili: “Puede ser legal, pero no es legítimo”
Los cuestionamientos no quedaron solamente en la intervención de López. Desde el mismo bloque de La Libertad Avanza, el diputado Eduardo Virgili también objetó la decisión de avanzar con el tratamiento sin un paso previo por las comisiones.
Virgili puso el foco en la documentación que, según afirmó, los legisladores opositores no tenían disponible al momento de discutir el endeudamiento.
En particular, cuestionó la falta de certificación de la deuda y del cupo correspondiente, además de señalar que el bloque tampoco contaba con el despacho de comisión que, según su interpretación, debería haber acompañado el tratamiento.
“No tenemos la certificación de deuda de cupo y no tenemos el despacho que deberíamos haber tenido”, planteó Virgili.
El legislador también sostuvo que los diputados desconocen aspectos centrales de la operación financiera, entre ellos la tasa de interés y otros detalles de las condiciones del crédito.
Su cuestionamiento apuntó así no solamente al monto del endeudamiento sino al mecanismo utilizado para aprobarlo.
“Somos conscientes de que si quieren pueden endeudar a la provincia y sería legal, pero no es legítimo”, afirmó Virgili.
La frase condensó el principal argumento de la oposición: que una eventual aprobación mediante las mayorías legislativas necesarias puede otorgarle legalidad formal a la operación, pero que, desde su perspectiva, eso no alcanza para darle legitimidad política cuando los bloques opositores no tuvieron acceso previo a toda la documentación y no pudieron discutir el proyecto en comisión.
Virgili fue todavía más duro al cuestionar lo que consideró un tratamiento cerrado del endeudamiento:
“Endeudar a toda la provincia a puerta cerrada, a espaldas de los bloques opositores”.
Para el diputado libertario, el problema central es que una decisión que compromete financieramente a la provincia durante años debería contar con un debate parlamentario previo, con documentación suficiente y con la participación de todos los sectores representados en la Cámara.
López cuestionó las condiciones del crédito
Luego del cruce en el recinto, López profundizó sus cuestionamientos y puso el foco en el proyecto que contempla USD 150 millones para afrontar vencimientos.
Según explicó, la operación permitiría atender vencimientos de aproximadamente USD 50 millones este año, otros USD 50 millones en julio del próximo año y otros USD 50 millones hacia fines de 2027.
El diputado sostuvo que el proyecto no detallaría, a su entender, aspectos centrales de la nueva operación, como las condiciones financieras, la tasa, el vencimiento del nuevo instrumento o el piso mínimo de colocación.
Su principal cuestionamiento fue que buena parte de esas condiciones quedarían sujetas a decisiones posteriores del Poder Ejecutivo y de los funcionarios encargados de llevar adelante la operación.
También hizo referencia al rol del Banco Macro, agente financiero de la provincia, aunque aclaró que su planteo no suponía afirmar la existencia de un delito, sino que apuntaba a reclamar mayor información y controles sobre la operación.
Para López, el problema no se limita al monto del crédito, sino también a cómo se autoriza, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control.
Hucena puso el foco en “la deuda heredada”
Desde el oficialismo, la diputada Patricia Hucena planteó una mirada completamente diferente sobre la discusión y puso el foco en la situación financiera que, según sostuvo, heredó la actual gestión.
Hucena hizo referencia a la denominada deuda del Fondo de Reparación Histórica y recordó que la provincia debió hacerse cargo de obligaciones contraídas durante administraciones anteriores.
La legisladora sostuvo que Salta viene afrontando deudas que no fueron generadas por la actual gestión y que esos compromisos condicionan las cuentas provinciales.
“La provincia se hace cargo de las gestiones anteriores”, planteó Hucena.
En esa línea, afirmó que la deuda contraída en años anteriores “nos viene asfixiando a los salteños” y defendió la estrategia del Gobierno provincial de reordenar esos compromisos.
La diputada también reivindicó la decisión de refinanciar el Plan Bicentenario, al que presentó como parte de la herencia financiera que la actual administración recibió y tuvo que ordenar.
Desde el bloque Todos por Salta, el argumento fue que no se puede analizar el nuevo financiamiento sin considerar el peso de las obligaciones asumidas previamente por la provincia.
“La deuda nueva no sustituye la vieja”: el argumento oficialista
Uno de los puntos centrales planteados por Hucena fue que la nueva operación no debe interpretarse simplemente como la incorporación de una nueva deuda para Salta.
La explicación oficialista apunta a que la nueva deuda no sustituye simplemente a la vieja, sino que permite cancelar compromisos financieros más costosos y modificar el perfil del endeudamiento provincial.
En particular, se hizo referencia a la deuda tomada en 2016 en el mercado internacional de capitales, cuyos fondos habían tenido como destino obras específicas.
La estrategia actual, según la explicación brindada durante el debate, consiste en cancelar esa deuda de mercado y trasladar el financiamiento hacia organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
El argumento económico del oficialismo es que el cambio permitiría acceder a financiamiento multilateral de fomento con una tasa menor que la correspondiente a la deuda tomada en los mercados de capitales.
El punto central: bajar el stock y cambiar el perfil
Así, desde el oficialismo buscaron correr la discusión de la idea de un simple aumento del endeudamiento y poner el acento en lo que consideran el dato económico más relevante: la reducción del stock y el cambio en el perfil de la deuda.
La explicación oficial sostiene que el objetivo es reemplazar deuda contraída en condiciones de mercado por obligaciones con organismos multilaterales de crédito, que ofrecen condiciones financieras más favorables y plazos más extensos.
En ese sentido, el planteo de Hucena fue que la provincia está ordenando una deuda heredada, en lugar de simplemente sumar nuevas obligaciones.
El debate, sin embargo, encontró una fuerte resistencia en López y Virgili, quienes reclamaron conocer con mayor precisión las condiciones del nuevo endeudamiento y cuestionaron que el tratamiento se produzca sin el paso previo por las comisiones.
El segundo crédito y las dudas por las obras
López también diferenció este proyecto del otro financiamiento previsto para obras de infraestructura.
El legislador reconoció que un crédito de largo plazo destinado a infraestructura puede resultar beneficioso para la provincia si los recursos son efectivamente utilizados para obras y desarrollo.
Pero puso bajo la lupa los antecedentes de programas anteriores y sostuvo que de créditos previamente autorizados solamente se habría ejecutado alrededor del 48% de las obras proyectadas.
Por eso, planteó que antes de aprobar nuevos recursos debería existir una evaluación sobre el grado de ejecución de los programas anteriores y sobre el destino efectivo de los fondos.
“El temor surge a partir de los antecedentes que tenemos”, sostuvo.
Una pelea por la deuda y otra por las reglas
El debate terminó exponiendo dos discusiones que se cruzaron durante la sesión.
El oficialismo sostiene que Salta debe afrontar una deuda heredada de gestiones anteriores y que el nuevo esquema busca reducir el costo financiero, cancelar deuda de mercado tomada en 2016 y reemplazarla por financiamiento multilateral del BID y el Banco Mundial, con condiciones más favorables.
La oposición, en cambio, pone el foco en las reglas del tratamiento, la falta de certificación de deuda, la ausencia del despacho de comisión y el desconocimiento de elementos centrales de la operación, como la tasa y otros detalles financieros.
En ese punto, la frase de Virgili sintetizó el planteo libertario: puede existir una mayoría suficiente para convertir la operación en legal, pero eso no significa, para la oposición, que el procedimiento sea legítimo.
El fuerte cruce entre Amat y López terminó convirtiéndose así en la expresión más visible de una discusión que va mucho más allá del recinto: cuánto debe Salta, quién debe hacerse cargo de esa deuda, cuánto costará refinanciarla y, sobre todo, bajo qué condiciones y con qué nivel de transparencia la Legislatura puede autorizar nuevas operaciones de crédito.
Fuente: Gente de Salta
