La causa que comenzó con la muerte de Lautaro Ramasco, de 32 años, ocurrida en diciembre de 2024, terminó abriendo un abanico de investigaciones que, con el paso del tiempo —a veces inentendible—, fueron tomando caminos inesperados.
El último y más grave hecho tiene como protagonista al conductor televisivo y radiofónico salteño Gustavo Vaccarella, quien el viernes pasado, en medio de un hermetismo absoluto —como suele ocurrir en Salta— por parte de los organismos encargados de investigar la verdad de los hechos, quedó imputado por el presunto delito de tenencia de pornografía infantil, luego de que la investigación avanzara sobre el contenido de un teléfono celular que había sido secuestrado en diciembre de 2024.
La precisión sobre los tiempos resulta importante: Vaccarella no fue imputado durante la audiencia del 24 de junio. Ese día se realizó una audiencia multipropósito ante la jueza de Garantías Claudia Puertas, en la que se dispuso que fueran investigados los presuntos delitos surgidos de las actuaciones.
La imputación por tenencia de pornografía infantil se produjo posteriormente, el viernes pasado. A partir de ese momento, comienza una de las cuestiones más llamativas y que, por el momento, no tiene demasiadas explicaciones.
Casi dos años con un celular secuestrado
El teléfono celular de Vaccarella había sido secuestrado en diciembre de 2024. Según surgió de las actuaciones posteriores, en ese dispositivo se encontró material que derivó en la reciente imputación.
La pregunta inevitable es por qué fue necesario esperar semejante cantidad de tiempo para que esa información derivara en una acusación concreta. Durante ese período, además, el comunicador viajó a Europa y continuó desarrollando normalmente sus actividades profesionales.
No se trata de condenar anticipadamente ni de desconocer las garantías que tiene cualquier persona sometida a una investigación penal. Se trata de preguntarse qué hicieron los investigadores durante todo ese tiempo, cuándo fue analizado el dispositivo y por qué una imputación de semejante gravedad llegó recién ahora.
Una audiencia que abrió otro frente
La audiencia del 24 de junio no solamente permitió avanzar sobre la existencia del material que posteriormente derivó en la imputación contra Vaccarella. También dejó expuesta una situación que terminó generando otra investigación judicial.
En ese expediente aparece el nombre del subcomisario Edgardo Martín Guerra, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).
De acuerdo con la información surgida de las actuaciones, Guerra habría mantenido una comunicación telefónica con Vaccarella antes del allanamiento de su domicilio. Al parecer, el funcionario consultó si había personas en la vivienda y el comunicador habría solicitado que el procedimiento se realizara al día siguiente porque en ese momento no había nadie. El allanamiento finalmente se realizó en la fecha y hora solicitada por Vaccarella.
La situación derivó en una investigación a cargo del fiscal penal Federico Jovanovics, quien requirió un allanamiento en el domicilio del efectivo. Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés.
Según fuentes consultadas, Guerra habría sido apartado preventivamente de la fuerza mientras se determina si incurrió en una conducta delictiva o irregular en su condición de funcionario público.
Las preguntas que deja el expediente
A esta altura, el expediente no solamente acumula imputaciones y medidas judiciales. También acumula preguntas.
¿Por qué hubo que esperar casi dos años para investigar hechos de semejante gravedad, como la presunta tenencia de pornografía infantil y el posible accionar irregular de un funcionario policial que ocupaba un lugar clave dentro de una unidad de investigaciones?
¿Por qué se allanó primero el domicilio de la familia Ramasco, víctima del hecho que originó la causa, y posteriormente el domicilio del comunicador sobre quien esa misma familia había manifestado sospechas?
¿Es habitual que una persona cuyo domicilio será allanado pueda proponer el día y horario en que se realizará un procedimiento judicial y que ese pedido finalmente sea aceptado?
¿Qué ocurrió exactamente entre el secuestro del teléfono de Vaccarella, en diciembre de 2024, y la reciente imputación?
¿Se investigó con la misma intensidad y celeridad a todas las personas involucradas en las distintas actuaciones?
¿Las acusaciones que pesan sobre determinadas personas reciben en Salta el mismo tratamiento judicial que recibiría cualquier ciudadano sin vínculos, exposición pública o cercanía con sectores de poder?
Y una pregunta particularmente delicada: ¿Por qué el accionar atribuido al subcomisario Guerra todavía es materia de investigación y no derivó, al menos hasta ahora, en una imputación por parte de la Justicia? Son interrogantes que no implican condenar a nadie. Pero sí deberían tener respuestas.
Larga lista de denuncias y, recién ahora, una imputación
El nuevo escenario tampoco aparece aislado. Según surge de la información aportada sobre el expediente, Vaccarella fue denunciado por su expareja —quien posteriormente mantuvo una relación con Lautaro Ramasco— por hechos vinculados con violencia de género, violencia de domicilio, desobediencia judicial en cuatro oportunidades y privación ilegítima de la libertad.
A ello se sumaron denuncias que realizó el propio Lautaro Ramasco por amenazas y lesiones. Ahora se agrega una imputación todavía más grave: tenencia de pornografía infantil.
La acumulación de antecedentes y denuncias debería, cuanto menos, llamar la atención sobre la necesidad de que cada uno de esos hechos sea investigado con la misma rigurosidad que cualquier otro expediente penal.
Porque aquí aparece otra de las paradojas que deja el caso. Mientras una persona común difícilmente podría transitar semejante acumulación de denuncias e imputaciones sin que la Justicia evaluara medidas restrictivas, Vaccarella continúa trabajando públicamente y desarrollando su actividad profesional con absoluta normalidad.
Surge así otra pregunta incómoda: ¿qué habría ocurrido si en lugar de tratarse de un comunicador conocido se tratara de un ciudadano sin exposición pública, sin contactos y sin cercanía con los círculos de poder? ¿La vara sería exactamente la misma?
La respuesta debería ser sí. La Justicia no debería tener una vara para los conocidos y otra para los desconocidos. Ni una para quienes tienen exposición y otra para quienes no tienen voz pública.
Naturalmente, una imputación no significa una condena y Vaccarella conserva todas las garantías constitucionales que corresponden a cualquier persona investigada. Pero esas garantías tampoco pueden convertirse en una excusa para que una investigación avance a velocidades diferentes según quién esté sentado del otro lado del expediente.
El crimen de Lautaro
Mientras estas investigaciones avanzan, gracias a los aportes de la querella y el Colegio de Abogados, la causa principal por la muerte de Lautaro Ramasco continúa con un único imputado: Gabriel Alejandro Quispe Cejas, acusado por el presunto delito de homicidio simple. La Fiscalía de la UGAP requirió la elevación a juicio.
Según la acusación fiscal, Quispe Cejas habría arrojado una piedra contra el Ford Fiesta que conducía Ramasco el 9 de diciembre de 2024 sobre avenida Tavella. El impacto habría provocado que perdiera el control del vehículo y chocara contra un guardarraíl. Cinco días después, el joven murió como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo.
Vaccarella no está imputado por el homicidio de Ramasco. Sin embargo, las sospechas y denuncias formuladas por la familia del joven forman parte del contexto en el que se desarrollaron las actuaciones que terminaron derivando en las nuevas investigaciones.
Casi dos años después, las respuestas siguen pendientes
La causa de Ramasco debía buscar respuestas sobre la muerte de un joven de 32 años. Sin embargo, casi dos años después, el expediente terminó exponiendo posibles irregularidades, una investigación contra un funcionario policial y ahora una imputación por tenencia de pornografía infantil.
El tiempo transcurrido no es un detalle administrativo. Cuando se investiga un delito, el tiempo puede ser determinante para encontrar pruebas, preservar evidencia y establecer responsabilidades.
Por eso, además de las imputaciones, los nombres y los expedientes, queda una cuestión de fondo: ¿cómo se investigó en Salta durante todo este tiempo? La sociedad tiene derecho a conocer las respuestas. No solamente por Vaccarella. No solamente por Guerra. Y tampoco solamente por Ramasco.
Sino porque si la Justicia pretende que sus decisiones sean creíbles, debe demostrar que la vara es la misma para todos, independientemente del apellido, la profesión, la exposición mediática o los contactos que pueda tener una persona. Cuestión que en Salta esto no ocurre.
Mientras tanto, la investigación continúa y deberá determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los involucrados. Las acusaciones deberán ser probadas y ninguna imputación equivale por sí misma a una condena. Las preguntas ya están planteadas. Y esta vez, sería deseable que no haya que esperar otros dos años para conocer las respuestas.
Fuente: Gente de Salta
